Opinión
A principios del siglo pasado, Australia y Argentina competían por los primeros puestos del mundo en bienestar económico (PBI por habitante). Sin embargo, en un momento de nuestra historia empezamos a alejarnos de esos lugares hasta ubicarnos un el puesto 59 en 2015, según el Madisson Project Database.
Desde fines del sigo XVIII, distintos países coloniales empezaron a independizarse, a desarrollar instituciones y, en su mayoría, siguiendo las ideas de democracia y república que comenzaban a difundirse a nivel internacional. Ese fue el caso de Australia y, también, de Argentina a partir de la organización nacional que tuvo su broche de oro con la sanción de la Constitución Nacional de 1853.
En nuestro país, el colonialismo había dejado una tradición caudillista que dificultó llegar a ser una nación integrada. La Constitución nos puso en la avanzada del mundo en términos de calidad institucional. Algunos analistas critican esa etapa comparándola con el nivel alcanzado en el mundo actual; pero se olvidan que, como todo lo humano, fue una forma de organización social que fue perfeccionándose a los largo del tiempo con la experiencia (aciertos y errores). Así que la comparación hay que hacerla en el mismo momento histórico y la Argentina tuvo una relativamente alta calidad institucional respecto al mundo, en términos de seguridad jurídica y democracia republicana. Eso le permitió garantizar su desarrollo y un comparativamente alto nivel de respeto de los derechos. No es casualidad que fuera un imán para los inmigrantes de muchos países europeos donde no tenían las mismas garantías, libertades y oportunidades de progresar.
Lamentablemente, a partir de la década del ´30 del siglo pasado en la Argentina volvió a prevalecer el "caudillismo nacionalista" y la irresponsabilidad cívica con el inicio de los golpes de Estado. En los ´40, de la mixtura del caudillismo con el fascismo nace lo que conocemos hoy como "populismo" y que predomina en la vida política nacional desde entonces.
Tanto los golpes militares como el populismo degradaron la institucionalidad argentina hasta llevarnos en 2017 al puesto 119 en el índice Internacional de Calidad Institucional realizado para 191 países del mundo por la Fundación Libertad y Progreso.
Esta dilución del Estado de Derecho fue acompañada por una tendencia a cambiar permanentemente las reglas de juego de mercado y a avasallar continuamente el derecho a la propiedad privada junto con la libertad de empresa y de comercio, generando una decadencia social y económica que nos llevó al subdesarrollo y nos mantuvo allí hasta la actualidad.
Australia, más allá de algunos traspiés como tuvieron todos los países hoy desarrollados, sobre todo en las últimos décadas, tuvo una fuerte mejora en la calidad de sus instituciones y se ubica en el puesto 10, por lo que no debería extrañar su alto bienestar económico. La buena noticia para Argentina es que, luego de ser el segundo país del mundo que más cayó en el indicador hasta 2015, ha mejorado 23 lugares para 2017 y podemos seguir avanzando en la reconstrucción de nuestras instituciones.
Si bien se suele responsabilizar a la dirigencia política de semejante debacle de nuestro Estado de Derecho, hay que tener en cuenta que esos políticos surgen de la misma cultura que quienes los votaron, que no fueron extraterrestres, sino argentinos.
En 1983 dejamos la etapa de "niñez" cívica cuando, cansados de un gobierno electo, se "tocaba la puesta de los cuarteles" en vez de esperar a votar uno nuevo. Como los chicos caprichosos, que hartos de un juguete, lo rompen. Logramos aprender que la mejor forma de cambiar los gobiernos es la democracia, a través de elecciones libres. Sin embargo, entramos en la "adolescencia" cívica, donde la responsabilidad de los propios fracasos son de otros (las crisis son culpa del FMI, conspiraciones locales y/o internacionales, etc.); los límites no existen (las leyes y la Constitución se avasallan si es "necesario"); y uno se ocupa sólo de sí mismo y no importa la comunidad. E pocas palabras, no entendimos que tan importante como la democracia es la "República", la cual garantiza que el poder delegado a nuestros funcionarios no se utilice para avanzar sobre los derechos de quien se los cedió temporalmente, el votante. Por eso, es importante que haya división de poderes, límites al ejercicio de sus funciones y que entre ellos se controlen su cumplimiento.
Sin embargo, la vigencia de la República no es factible si los argentinos no dejamos de asumirnos como súbditos de gobiernos paternalistas de los que esperamos que se hagan cargo de nuestras responsabilidades y de dar soluciones a nuestros problemas; lo que necesariamente implica cederles nuestros derechos. Debemos pasar a asumirnos como ciudadanos maduros que se hacen cargo de sus propias vidas para realizarse como personas, exigiendo a los gobiernos un marco de seguridad jurídica y el pleno respeto de sus derechos de las personas como marco para lograrlo. Esto implica no solamente votar a un candidato cuyas ideas compartimos e informarnos bien sobre su capacidad y honestidad, sino también controlarlo y exigirle que cumpla con sus promesas, bajo el imperio de las leyes y la Constitución Nacional.
Todavía nos falta un trecho para lograrlo; pero si observamos lo que hemos avanzado hasta hoy, podemos confiar en que, si nos lo proponemos, lograremos ser cívicamente maduros. Entonces podremos aspirar a un país donde se respeten las libertades y los derechos maximizando las posibilidades de progreso y de realización personal de sus ciudadanos, como sucede en la actualidad en Australia y tantos otros países que lograron mejorar su calidad institucional.
"Abram y Vizcaino son economistas de la Fundación Libertad y Progreso".
***Fuente de la Información: INFOBAE
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